Por
Pamela Vásquez, Jessica Acuña y Marcel Gaete.
A 25 meses
del estallido social, sólo dos causas por agresiones a periodistas lograron
formalizar a los agentes del Estado responsables de las mismas, permaneciendo
decenas de ellas sin avances y con la posibilidad de ser cerradas, como ya
ocurrió en al menos una de las sesenta querellas interpuestas por el Instituto
Nacional de Derechos Humanos en este ámbito.
Uno de los
casos emblemáticos es el de la agresión a dos[JAN1] mujeres periodistas en Arica, quienes
fueron obligadas a desnudarse en un recinto policial. En este caso, el 15 de septiembre
2021 se realizó la formalización de cargos contra la carabinera Francisca
Benavides Vera, imputada del delito de abuso contra particulares, en el
caso de detención injustificada, cometidos el 23 de
octubre del 2019.
En una
declaración pública sobre el caso, el Colegio de Periodistas destacó que, a más
de un año de la denuncia, las dos colegas que fueron obligadas a desnudarse y
víctimas de actos vejatorios contra su dignidad e integridad personal, fueron
citadas para la constatación de lesiones.
“De
acuerdo con la normativa chilena, en el caso de transitar en horario de toque
de queda en un estado de excepción constitucional, no procede la detención y
traslado a una comisaría, sino que una multa por dicha falta”, ahondó el
colectivo profesional.
Pero para
estos tres colegas la situación fue muy distinta. La periodista Estefani
Carrasco, acompañaba a su amiga Patricia Torres a un caceroleo, y luego en su
retorno a su hogar, al filo del toque de queda, una patrulla de carabineros
les hizo un control de identidad, y pese a mostrar las credenciales de
periodistas, las llevó detenidas, junto a Angelo, un colega de ellas.
En la
comisaría, a las dos periodistas las apartaron y obligaron a desnudarse, para
ser revisadas, un acto ilegal según la propia norma de Carabineros. Al cabo de
un par de horas, les dejaron en libertad.
“Me quedé
varios días sin saber qué hacer, y no realicé la denuncia de manera inmediata,
y luego me armé de ánimo y decidimos hacerla junto a mi colega, para que no
volviera a pasarle a otras personas o periodistas”, recuerda Estefani,
redactora entonces del diario La Estrella de Arica.
“Yo -prosigue
la periodista- tuve un cambio en mis hábitos, y si bien seguí trabajando por un
tiempo, no era lo mismo. De hecho, tuve que acudir a ayuda psicológica y hace
algunos meses, estoy moviéndome en viajes por países cercanos”.
Estos
hechos, a juicio de las querellantes, constituye tortura, según los cánones de
la Convención Interamericana para prevenir y sancionar este tipo de delitos. “Se
está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple con los siguientes
requisitos: i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o
mentales, y iii) se comete con determinado fin o propósito”, señala ese texto.
El Protocolo de Estambul, manual elaborado por Naciones Unidas para guiar la investigación y documentación efectivas de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, señala que “la tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en las situaciones de tortura”.
“La
persona -detalla este manual- nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra
desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el terror sicológico de todos los
aspectos de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos,
violación o sodomía. Además, las amenazas verbales, los insultos y las burlas
sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y
sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento”.
Otro
elemento que arguye la querella es la discriminación de género, tratándose de
mujeres. Es decir, el Estado tiene legalmente una obligación reforzada en orden
a condenar a los responsables de la violencia y evitar así la repetición de los
hechos.
60
CAUSAS
Por
cierto, la causa de Arica es una de las sesenta querellas que el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, INDH, interpuso en todo el país contra quienes
resulten responsables de agresiones a la prensa, ya sea periodistas,
comunicadores sociales, fotógrafos y comunicadores audiovisuales, en el marco
de las movilizaciones ocurridas desde octubre de 2019.
Durante
el estallido, funcionarios del INDH se dieron la tarea de recorrer hospitales y
comisarías, recoger denuncias, al mismo tiempo que observaron las
manifestaciones con especial atención a las violaciones a derechos humanos que
ocurrían contra quienes protestaban. Posteriormente, entabló 3.110 querellas
por el actuar de agentes del Estado.
En
el caso de la prensa, el INDH no hizo una distinción al recoger las denuncias, pero
al comenzar el análisis para realizar las acciones legales sí empezaron a
identificarlas y agruparlas en lo que categorizaron como grupo de afiliación.
Una situación similar ocurre en la
Fiscalía, donde no hay una cifra conocida de causas respecto a comunicadores
agredidos. Respondiendo la solicitud por Ley de Transparencia que interpusimos,
informó que esta información no está desagregada. Respecto a las querellas del
INDH por los periodistas “no se encuentra disponible o desagregada en el
Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), que es el principal repositorio de
información del Ministerio Público”.
Además,
la Fiscalía señaló que en los boletines estadísticos están los informes
trimestrales, semestrales y anuales; y cuyos antecedentes provienen del Sistema
de Apoyo a los Fiscales (SAF). Sin embargo, en esos reportes tampoco se da
cuenta de información cuantificada de las agresiones a periodistas durante el
estallido social.
En
ese marco, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, en base a
denuncias de comunicadores, elaboró un informe en el que estableció que entre
octubre de 2019 y marzo de 2020 un total de ciento treinta y tres integrantes
de la prensa fueron agredidos por agentes estatales. Además, otros noventa y
seis sufrieron detenciones arbitrarias.
Pero
en esta entidad saben que este es un subregistro. Que las agresiones a la
prensa fueron muchas más.
“Esta
situación se debe principalmente a dos razones: porque la violencia policial
contra comunicadores/as independientes, comunitarios/as y alternativos/as ya se
encuentra de cierta manera naturalizada por parte de las víctimas, así como
también por la generalizada desconfianza por parte de los y las comunicadoras
independientes hacia instituciones tales como el Poder Judicial, el Ministerio
Público, las Fuerzas de Orden y Seguridad y el Gobierno”, según el Informe
2020 de la Libertad de Expresión en Chile elaborado por el Observatorio del
Derecho a la Comunicación, la Fundación Datos Protegidos y el Instituto de la
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
NATURALIZACIÓN
Paola
Dragnic es corresponsal de Telesur. Su trabajo tuvo especial difusión en redes
sociales durante los meses del estallido, mostrando en vivo las protestas como
también las agresiones a manifestantes.
Durante
los primeros días, luego de un breve descanso para alimentarse, mientras se
dirigían al lugar de las manifestaciones “siento un impacto en una parte de mi
cara, traté de seguir en el lugar y muchos de los jóvenes me decían, señorita
tiene feo el ojo, o tiene que curarse con algo, y después de varios minutos
accedí a que lo hicieran la gente de las brigadas, mi cámara seguía grabando
afortunadamente, pero no quise ir a la posta u hospital, además que podía
perder mucho tiempo y quería seguir trabajando”.
Así,
como el testimonio de Paola, hay muchos entre los comunicadores y periodistas,
que no llegaron a concretar la denuncia o querella. La reportera no tuvo
pérdida de visión, pero sí se redujo levemente el tamaño de la retina en uno de
sus ojos.
“Los
periodistas y comunicadores naturalizaron prácticas que vulneraban la libertad
de expresión y acceso a la información. Pudimos ver el uso indiscriminado de
gas pimienta, el lanzamiento de agua del guanaco de manera directa a los
camarógrafos”, sopesa al respecto el presidente del Colegio de Periodistas,
Danilo Ahumada.
El
tema tampoco es parte de los debates permanentes en los informes anuales del INDH,
institución que tiene como obligación legal monitorear la situación nacional de
derechos humanos en el país, elaborando recomendaciones al Estado. De hecho,
sólo el reporte de 2012 ahondó en la materia, señalando que “existe una directa
relación entre democracia, derechos humanos y medios de comunicación social”,
citando estándares internacionales.
Esta
situación es visible también en los enfoques jurídicos que sostienen las
propias querellas del INDH, relativas a agresiones a la prensa. En su gran
mayoría, según la revisión efectuada, éstas se centran en relatar los hechos y
luego argumentar jurídicamente los diferentes tipos de agresiones sufridas por
periodistas y comunicadores, los que van desde fracturas expuestas, golpes,
disparos con armas de fuego, desnudamientos, ataques con carros lanza agua y
gases químicos. Casi todas tienen un elemento común: la presencia de tortura
por parte de funcionarios públicos.
Pero
sólo en un caso se argumenta que las agresiones a la prensa constituyen siempre
violaciones a los derechos humanos, como consigna el derecho penal
internacional. Se trata de la querella interpuesta el 27 de febrero de 2020 por
el INDH
en el Juzgado de Garantía de Puerto
Montt, por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves
en perjuicio de Adolfo Vidal, corresponsal de RTV Noticias, un medio
local de Puerto Montt.
El
escrito, citando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, recuerda que
el Estado debe facilitar la labor de los periodistas, para lo cual tiene la
obligación de “protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los
atentados a su vida e integridad”, lo que implica “abstenerse de imponer
obstáculos que dificulten la realización de su labor”.
Hasta
ahora, sólo dos de estas investigaciones fueron formalizadas. Una de ellas corresponde
a la causa que agrupa las torturas sufridas por Jonathan, un ciudadano que
grababa con su celular el actuar de Carabineros en Coquimbo y Leonardo Silva
Vargas, comunicador de Mi radio. Ambos denunciaron tratos vejatorios dados
por el Capitán de la Segunda Comisaría de Carabineros de Coquimbo, Ricardo
Luengo, quien permanece en prisión preventiva desde enero del 2020.
En
el caso de Leonardo Silva, el centro de Derechos Humanos de la Universidad
Diego Portales presentó un Amicus curiae -una argumentación
jurídica de apoyo de un organismo imparcial especializado en la materia- en el
que resaltó el atentado a la libertad de expresión que implicó este hecho. “En
este caso, los golpes y el disparo efectuados por Carabineros hacia la víctima,
quien filmaba en ese momento la manifestación que se desarrollaba, funciona
bajo la lógica de castigar la protesta social y evitar la divulgación de
información sobre lo que ocurre en las manifestaciones”, aseveró la entidad.
ATAQUE
A FOTÓGRAFO
Un caso en que
no ha habido avances en los tribunales es el de Jorge Atala, agredido en sus
ojos el 10 de enero de 2020, cuando fotografiaba las manifestaciones en Plaza
Italia. En torno a las 18 horas de ese día, caminó hacia la esquina de Avenida Libertador
Bernardo O´Higgins con calle Ramón Corvalán.
Allí, los
carros lanzaguas de Carabineros comenzaron a dispersar a la gente, arrojando un
líquido de un amarillo intenso, según su relato. Jorge Atala se parapetó detrás
de una palmera, pero fue inútil. El chorro lo impactó en impactó en su rostro y
en sus piernas. Su casco cayó a la calle y se golpeó en la cabeza, quedó desorientado.
Un
amigo lo rescató y lo llevó a otra calle donde fue atendido por los voluntarios
de salud, quienes le rociaron su cuerpo con leche de magnesio, examinaron sus
ojos y le dijeron que debía ir a un recinto asistencial. Días después, el 13 de enero, Jorge asistió a
la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, donde le informaron
que tenía una abrasión ocular en su ojo derecho. Dos días después asistió al
Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, donde le efectuaron
una evaluación.
Según
la querella, los carabineros dispararon un chorro de agua –mezclada con
químicos- apuntando directamente a la cabeza de Jorge, lo que finalmente
significó que la víctima perdiera un noventa por ciento de visión en su ojo
derecho y un ochenta por ciento en su ojo izquierdo.
En
su caso no hay formalizados. Tampoco avances significativos.
CIERRE
DE LAS CAUSAS
Hasta
octubre del 2021 sólo una de las causas por agresiones a periodistas fue
cerrada sin avances, según la revisión efectuada para este reportaje.
Al
respecto, cabe recordar que, a mediados de 2020, la Fiscalía había cerrado el cuarenta
y seis por ciento de las causas, en muchos casos sin tomar testimonio siquiera
a las víctimas, según un reportaje de CIPER.
Sobre
lo mismo, el director del ODC, Javier García, sostiene que el INDH tampoco ha
tenido una posición activa. “Su rol ha sido principalmente de recibir casos, no
hay un trabajo activo de búsqueda o investigación. Esta labor ha sido algo
irregular, llevan muchos casos y mi impresión es que están sobrepasados con las
acciones judiciales”.
Pero,
lo peor a su juicio, es el resultado visible “no se ha sancionado a los agentes
del Estado que han atacado a periodistas, está habiendo impunidad”, indicó García.
INVISIBILIZACIÓN
Félix
Avilés, Abogado del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial,
explica que las querellas interpuestas por el INDH por las violaciones a los
derechos humanos ocurridas durante el estallido social “persiguen comprobar que
existe un hecho constitutivo de delito, y que existen algunas personas o
miembros de instituciones del Estado, como Carabineros de Chile, a través de
Fuerzas Especiales, que están vinculados a ese hecho constitutivo de delito, en
calidad de autor, cómplice o encubridor”.
Sin
embargo, consultado ante el hecho de por qué la omisión de argumentación en favor
del rol de la prensa, los comunicadores y la libertad de expresión, señala que “la
condición de la que sea la víctima le dará elementos al INDH, para que se ocupe
de buscar cuales son los elementos jurídicos, que hacen más grave la acción de
Carabineros, en términos represivos”.
Avilés
critica esta falta “lo que hace el INDH es centrarse solo en el tipo penal y
eso no me parece correcto. No está
relatado el derecho internacional por sobre el rol que tiene el comunicador
social y ahí tenemos una pata coja. Sin incorporar la responsabilidad que tiene
el Estado, y que se lo da el ordenamiento jurídico internacional y nacional en
ese ámbito, para eso debe haber gente especializada en la materia. Aquí existe
una debilidad y ausencia que es preocupante, porque se determina con claridad
que no hay atención a lo que indica el derecho internacional”.
Para
Javier García, del ODC, se trata de una práctica arraigada en la institución.
En el Informe Anual 2019 que trató sobre el estallido social 2019 (desde
octubre al 30 de noviembre) detalla que “se incluyeron referencias a las
agresiones a prensa, pero el informe no aportaba cifras ni profundizaba. En
2020 se publicó un informe de seguimiento de recomendaciones realizadas en
2019, y otros enfocado en COVID, donde no se citaba nada referido a agresiones
a prensa”.
También
cita la serie de fichas donde el INDH informaba de violaciones de DD.HH., “creo
que solo en uno de estos informes (a principios
de 2020) se incluyeron cifras relativas a agresiones a prensa, estas fichas dejaron de incluir información desagregada por perfil de víctima y en 2020, desarrollaron un mapa de violaciones de DD.HH.
con estadísticas, pero el grado de desagregación es reducido y no incluye
información sobre violencia contra la prensa”.
Javier
García indica que el informe sobre la función policial correspondiente al año
2019 elaborado por el INDH, aún no se ha publicado, “el proceso de aprobación
por el Consejo es muy lento. Y nos han informado que este informe de 2019 no va
a incluir el apartado de agresiones a prensa y defensores de DD.HH., sino que
se va a incluir en el informe del año 2020 con todos los datos que tienen”.
Consultado
el INDH, sobre el tratamiento público del organismo a las agresiones a la
prensa, no respondió nuestras consultas. Sin embargo, rescatamos lo que dijo su
director, Sergio Micco, al hacer un balance a dos años de ocurrido el estallido
social “el Estado de Chile no cumple con sus deberes, el panorama es desolador,
estamos más cerca de la impunidad que de la justicia”.
Desde Arica, Estefani brega porque su causa avance y llegue a establecer las responsabilidades de los agentes del Estado. “Lo hago más que nada por lo que podría ocurrir a futuro a otras niñas o mujeres. Igual ha pasado bastante tiempo y mantengo la esperanza de que se haga justicia”.
